
Madrid, 24 de febrero de 2021. Crue Universidades Españolas mantiene su compromiso con las personas con discapacidad y trabaja para su incorporación en el cuerpo Docente e Investigador (PDI), tal y como han defendido este martes la delegada de Crue para Políticas de Igualdad y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, y la presidenta de Crue-Profesorado y rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre.
Ambas rectoras han participado en un debate online sobre las estrategias de las universidades para impulsar la incorporación a sus plantillas de Personal Docente e Investigador con discapacidad, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La mesa redonda virtual también ha contado con la participación de Isabel Martínez Lozano, de la Fundación ONCE; Jesús Celada, director del Real Patronato sobre Discapacidad; Rafael de Lorenzo, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, y Carmen Márquez Vázquez, profesora de la UAM. Como moderador ha actuado José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia.
Las aportaciones de las dos representantes de Crue en este encuentro han ido en la línea de la estrategia «Universidad 2030», presentada el pasado mes de octubre. Este documento, que aborda los principales retos que tiene que afrontar la futura Ley de Universidades, recoge, entre las propuestas de reforma que afectan al Personal Docente e Investigador, la necesidad de que las universidades presenten planes para la incorporación de personas con discapacidad a las plantillas de PDI permanente y el acceso a la carrera profesional del PDI.

La rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, ha destacado que «la diversidad es un valor añadido para las universidades» y ha reiterado que es necesario «seguir apostando por la inclusión en todos los ámbitos de actuación de la Universidad: docencia, formación, investigación e innovación». Si bien ha señalado que se han se han realizado «importantes avances», especialmente en la incorporación del alumnado, «gracias a adaptaciones curriculares, espacios e incluso puestos de trabajo», también ha admitido que el acceso de las personas con discapacidad como Personal Docente e Investigador todavía es una asignatura pendiente.
«Unanimidad en las universidades»
La delegada de Crue para Políticas de Igualdad ha identificado algunos de los problemas con los que las universidades se encuentran para incorporar a profesionales con discapacidad en sus plantillas docentes y la aplicación de una tasa de reserva. Entre ellos, ha destacado las «singularidades» de los procesos de contratación del PDI, con el anuncio de plazas por áreas de conocimiento y con perfiles muy definidos; las limitaciones jurídicas para la planificación estable del personal universitario, o la tasa de reposición.

En la misma línea, la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, ha advertido de que existen «dos grandes retos»: contemplar la discapacidad en las acreditaciones y considerar el cupo por discapacidad en las convocatorias de plazas. Sobre la primera cuestión, la rectora ha afirmado que la ANECA «debe incluir en sus criterios de acreditación la discapacidad» y que la «principal barrera» se da en el acceso a la carrera académica, en plazas de ayudante doctor. Respecto al segundo reto, ha subrayado que «existe unanimidad en las universidades» en cuanto a la necesidad de desarrollar un procedimiento que permita satisfacer la obligatoriedad de la reserva de un cupo de las plazas vacantes para ser ocupadas por PDI con discapacidad.
La presidenta de Crue-Profesorado ha defendido que la Universidad y la sociedad «necesitan todo el talento y, por lo tanto, hay que captarlo donde esté» y que las personas necesitan desarrollar todas sus capacidades «para ser mejores personas, profesionales y contribuir a una sociedad más saludable». Por último, ha afirmado que la atención a la discapacidad en el ámbito universitario «es un derecho, no un regalo».