Madrid, 4 de marzo de 2026. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) manifiesta su preocupación ante la aprobación ayer por el Consejo de Ministros, en segunda vuelta, del anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, e insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a abrir un proceso de diálogo real con las universidades antes de continuar su tramitación.
Las prácticas académicas externas constituyen una herramienta formativa esencial para el estudiantado universitario. Su finalidad es estrictamente educativa, vinculada a una matrícula vigente, con tutorización académica y profesional y conexión directa con la titulación cursada. CRUE comparte la necesidad de reforzar su carácter formativo y evitar cualquier uso fraudulento que las convierta en empleo encubierto. Sin embargo, recuerda que el régimen jurídico de las prácticas académicas es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades, y no puede abordarse al margen de estas.
La Conferencia viene reclamando desde el inicio del proceso que se escuche a la Universidad. Aunque las universidades no formen parte de la Mesa de diálogo social, no puede obviarse que el futuro Estatuto del Becario afecta de manera directa al estudiantado y a la organización académica de miles de titulaciones. Las instituciones universitarias pueden aportar conocimiento técnico, advertir de dificultades de aplicación y proponer soluciones viables que preserven tanto los derechos del estudiantado como la calidad del sistema.
CRUE valora algunos avances del texto, como el refuerzo de la tutorización profesional, la protección en materia de prevención de riesgos laborales o el reconocimiento de derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidados.
Sin embargo, sin una memoria económica rigurosa, el Estatuto nace con un problema estructural. La principal preocupación se centra en la financiación y en la asunción de los costes derivados de la norma. La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin una memoria económica suficiente puede comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas. Más del 40 % de las prácticas curriculares se desarrollan en entidades públicas —ministerios, centros sanitarios y educativos— que ya afrontan dificultades para asumir los costes actuales. Sin una financiación pública adecuada, la nueva regulación puede provocar una reducción drástica de plazas formativas, especialmente en ámbitos estratégicos como el sanitario y el educativo.
CRUE advierte además de que, en ningún caso, estos costes pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado a través de incrementos en la matrícula, ya que ello generaría desigualdades entre instituciones y perjudicaría especialmente a quienes cuentan con menos recursos. La sostenibilidad económica del Estatuto debe quedar garantizada en su memoria de impacto normativo y en los correspondientes presupuestos.
La Conferencia comparte la inquietud expresada por la representación del estudiantado, que teme que una regulación sin respaldo financiero suficiente reduzca la oferta de prácticas y limite sus oportunidades formativas y de empleabilidad. El objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad, no restringir el acceso a una experiencia clave para la transición al mercado laboral.
Por todo ello, CRUE solicita que durante la tramitación parlamentaria se incorporen las alegaciones técnicas ya formuladas por sus órganos competentes y se asegure un marco normativo equilibrado, respetuoso con las competencias académicas y económicamente viable. La mejora de las condiciones del estudiantado en prácticas es un objetivo compartido, pero solo podrá alcanzarse desde el respeto a las competencias académicas y con garantías reales de financiación.
