Madrid, 18 de julio de 2025. Las universidades públicas asociadas a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), reunidas el viernes 11 de julio en la Universidad Carlos III de Madrid, reclaman la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Fortalecimiento Institucional que permita revertir la desinversión que sufre el sistema en la última década y consolide el liderazgo del sistema universitario público. Esta propuesta, con una inversión estimada de 1.500 millones de euros, busca modernizar infraestructuras y equipamiento docente e investigador para garantizar la calidad y competitividad de la educación superior y la investigación en España.
Los rectores y rectoras subrayan que este plan coyuntural no puede sustituir a la financiación estructural prevista en la LOSU, cuyo artículo 55.2 fija como objetivo alcanzar un gasto público del 1 % del PIB del conjunto del Estado en educación universitaria pública. Sostienen que la falta de avances reales en este ámbito, más de dos años después de la entrada en vigor de la ley, requiere decisiones políticas inmediatas.
Durante la reunión, también se ha abordado la situación del Programa María Goyri, el cual posibilita la creación de 2.700 nuevas plazas de profesorado ayudante doctor. Se ha hecho un balance detallado del estado actual del programa, destacando las dificultades más inmediatas que enfrenta en su desarrollo. En particular, se subraya la urgencia de firmar las adendas a los convenios, ya que el retraso en este proceso está poniendo en serio riesgo la continuidad de estos contratos en varias universidades. Asimismo, los rectores de las universidades públicas ven necesario el cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso adquirido tras la reforma de la Ley de la Ciencia, asumiendo el coste de las indemnizaciones por la finalización de contratos del personal investigador. Del mismo modo, reclaman la reactivación inmediata del sexenio de transferencia, paralizado desde su primera convocatoria en 2018.
En el ámbito normativo, los rectores y rectoras de las universidades públicas asociadas a CRUE expresan su rechazo a la Ley de Consejos Sociales que se acaba de aprobar en el Parlamento de Canarias, al considerar que confiere a los consejos sociales unas competencias que socavan la autonomía universitaria consagrada en el artículo 27 de la Constitución Española. Por ello, instan a los sujetos legitimados a interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la misma.
Por último, recuerdan que el sistema universitario español ha venido prestando a lo largo de los años de manera muy reconocida el servicio público de la educación superior, con importantes contribuciones a la formación, a la investigación, a la transferencia del conocimiento y a la cultura. Por ello, los rectores y rectoras han mostrado su preocupación ante la actual proliferación de modelos privados que no siempre priorizan ni garantizan la calidad del servicio público que deben prestar todas las universidades. En este sentido, destacan la necesidad de velar por un desarrollo ordenado, coherente y más garantista en orden a la defensa de la calidad global del conjunto del sistema universitario español.
