Protocolo de detección implícita de violencia de género en mujeres con adicciones (DIVG-MA-UNAD)
Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas CIDH-DIVERSITAS
Investigador: Eva María Picado Valverde (IP), Raquel Guzmán Ordaz, Amaia Yurrebaso Macho, Ester García Valverde, María Concepción Antón Rubio, Nuria María del Álamo Gómez, Ana Victoria Torres García, María Nieves Sanz Mulas, Nerea González García, Ana Belén Nieto Librero,
Descripción de la innovación
| El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un protocolo de detección, atención e intervención integral para mujeres en situación de sinhogarismo y exclusión social, desde una perspectiva interseccional. Esta necesidad se fundamenta en la invisibilidad de las múltiples violencias que sufren estas mujeres, tal como evidencia la evaluación parcial de la Estrategia Integral de las Personas en Situación de Sin Hogar (2015–2020), así como en las directrices del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022–2025), que señala la urgencia de erradicar la pobreza femenina. El proyecto parte del análisis crítico de los distintos ejes de desigualdad —género, edad, origen étnico-racial, situación administrativa, identidad de género— que interactúan en la vida de estas mujeres y agravan su exclusión. El sinhogarismo femenino implica vivencias de violencia de género, violencia institucional, violencia intrafamiliar y aporofobia, por lo que su abordaje requiere una mirada holística y no fragmentada. Se propone una metodología de investigación mixta, con predominio cualitativo, que combinará revisión documental, normativa y legislativa, junto a la recopilación de datos primarios mediante paneles de expertos, entrevistas y grupos de discusión. Esta estrategia permitirá construir un dispositivo de detección e intervención sensible a las experiencias vividas por las propias mujeres y por los profesionales que trabajan con ellas. Este protocolo ofrecerá herramientas prácticas para profesionales de la atención social, jurídica y psicológica, mejorando su capacidad para identificar las violencias estructurales y responder con mayor eficacia y sensibilidad. En definitiva, el proyecto aspira a generar un impacto social y científico relevante, contribuyendo a una atención más justa, informada y eficaz para mujeres en situación de sinhogarismo, y reforzando el vínculo entre la investigación académica y las políticas públicas de igualdad y protección social. |
Antecedentes
| La pobreza, tradicionalmente entendida como la carencia de recursos materiales y económicos, adquiere una dimensión más compleja cuando se analiza desde el enfoque de la exclusión social, que implica también la desconexión de las personas de la vida política, social, económica y cultural (Cabrera, 2000). Esta situación se intensifica dramáticamente en el caso de las mujeres en situación de sinhogarismo, quienes, además de la precariedad económica, enfrentan múltiples formas de violencia: de género, institucional, intrafamiliar y aporofóbica (Giménez, 2004; Sánchez, 2017). La Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2022) y la tasa AROPE de 2021 evidencian esta feminización de la pobreza: el 28,3% de las mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 27% de los hombres. Esta diferencia se expresa, entre otros factores, en una mayor carencia de recursos materiales, menores apoyos sociales y una más baja intensidad en el empleo. Las mujeres migrantes, en particular, experimentan una concentración en sectores laborales altamente precarizados, con escasa movilidad, contratos inestables y sobrecualificación (Instituto de la Mujer, 2009), lo que las expone a una mayor vulnerabilidad social y residencial. A esta realidad se suma una alarmante invisibilidad institucional. La evaluación de la Estrategia Integral para Personas sin Hogar (2015–2020) reconoce la falta de medidas específicas para atender la violencia que sufren estas mujeres, incumpliendo parte de sus objetivos clave. De hecho, muchas de estas violencias no son denunciadas: el 71% de las mujeres sin hogar nunca denuncia las agresiones sufridas, a pesar de que el 60% declara haber sufrido violencia sexual y el 80% violencia física (Calvo et al., 2020). La aporofobia aparece como una forma de violencia estructural no reconocida suficientemente por los sistemas de protección social, tal como demuestra la investigación del Observatorio HATENTO (2015), donde se identifican agresiones físicas (23%), insultos y acoso (36,4%) y robos con mayor prevalencia entre mujeres que hombres. Este proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un protocolo de detección, atención e intervención integral desde una perspectiva interseccional y ecológica, aplicable por profesionales de los servicios sociales, sanitarios y judiciales. La metodología será mixta, con especial peso del enfoque cualitativo, e incluirá revisión normativa, entrevistas, paneles de expertos y grupos focales con mujeres en situación de sinhogarismo. Este abordaje permitirá captar la interacción de múltiples ejes de desigualdad como el género, la clase, la etnia, la edad o la identidad de género, tal y como plantea el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1992) y la perspectiva interseccional propuesta por Perry (2000). El proyecto se enmarca en el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022–2025), especialmente en su eje 3.2.1, orientado a reducir la feminización de la pobreza mediante recursos específicos que garanticen el acceso a derechos sociales, económicos y laborales. Así, la investigación contribuye a saldar una deuda institucional y social, proporcionando una herramienta útil y validada para la transferencia del conocimiento académico a la práctica profesional, favoreciendo la mejora de la intervención pública y el diseño de políticas sociales con enfoque de género y justicia social. |
Impacto Económico y Social
| El desarrollo de un protocolo interseccional de detección, atención e intervención para mujeres en situación de sinhogarismo representa una contribución significativa tanto en términos económicos como sociales. Esta propuesta, centrada en la transferencia de conocimiento desde el ámbito académico hacia el profesional, permite transformar la atención a uno de los colectivos más invisibilizados y vulnerables de la sociedad, promoviendo una intervención más justa, eficaz y sostenible. Desde una perspectiva económica, el protocolo permitirá optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la atención de personas en situación de exclusión social. La detección precoz de múltiples formas de victimización ,violencia de género, institucional, aporofobia, entre otras, reducirá la necesidad de intervenciones de urgencia en los ámbitos sanitario, policial o judicial. En consecuencia, se disminuirán los costes asociados a la atención reactiva, contribuyendo a una gestión más eficiente de los servicios públicos. Asimismo, la herramienta desarrollada facilitará la coordinación interinstitucional entre profesionales del ámbito social, sanitario y jurídico, minimizando duplicidades, tiempos de respuesta y derivaciones innecesarias. Este ahorro indirecto se complementa con una alta rentabilidad social, ya que el protocolo será de libre acceso y podrá ser replicado en diferentes contextos territoriales, multiplicando su impacto sin necesidad de nuevas inversiones. En el ámbito social, el proyecto responde a una deuda institucional prolongada con las mujeres en situación de sinhogarismo, cuya realidad ha sido históricamente ignorada por las políticas públicas. Al visibilizar y documentar sus experiencias desde una perspectiva interseccional, se contribuirá a mejorar su acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la salud, la seguridad y la participación. El protocolo propuesto impactará directamente en la calidad de la intervención profesional, proporcionando herramientas prácticas, sensibles y contextualizadas para la detección y atención de situaciones de violencia y exclusión extrema. Esta mejora en la praxis profesional no solo redundará en la protección efectiva de las mujeres, sino que también fortalecerá el sistema público de bienestar y los dispositivos de atención del tercer sector. Además, el conocimiento generado a través del proceso de investigación tendrá un efecto estructural: permitirá identificar vacíos normativos, evaluar políticas sociales existentes, y orientar la formulación de estrategias más inclusivas y específicas. De este modo, se cumplirá el principio de transferencia activa del conocimiento, convirtiendo la evidencia científica en insumo real para la transformación social. En última instancia, el impacto del proyecto no solo se mide por su aplicación técnica, sino por su capacidad de promover una sociedad más equitativa, solidaria y comprometida con la erradicación de las desigualdades que afectan a las mujeres en situación de pobreza extrema y sin hogar. |
Colectivos de interés: Administración pública, Ciudadania, Instituciones sin ánimo de lucro
CNAE a 2 dígitos: 72 - Investigación y desarrollo
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas
Año: 2024
Enlace web: acceso
